ANSeS

Derecho Constitucional – Corrupción – Justicia

Esto es sobre la justicia real, la corrupción, el respeto a la Constitución, y la atención del Estado a los reclamos de la gente común.
¿Conviene ser honesto? O conviene mirar para otro lado.
¿Conviene reclamar ante un hecho de corrupción en el Estado?
¿Existe la igualdad ante la Ley?
¿Será que a alguien le importa realmente terminar con la corrupción?
O es sólo una declamación más, que se dicen pero no se creen, que queda bien en el discurso político, pero hacen todo lo contrario.
Sin dinero ¿Hay justicia?
¿Es para todos?, o sólo para los que pueden pagar un abogado.
¿Quién nos defiende?.
¿Puedo reclamar por un derecho constitucional, por un derecho humano, ante la justicia, sin dinero?
Hoy quiero saber como reclamar judicialmente sin dinero.
El Dr. Sciutto Klot, del estudio que llevó el caso Madorrán (Clarín, mayo-07), me dijo que mi caso era “ganable”, pero no puedo pagar sus honorarios ni aunque me asegure que se gana.
No puedo pagar nada por adelantado, sólo si el juicio se gana.
Porque si la Justicia no me da la razón no tendría como pagar, ya que el juicio lo haría por un reclamo que era justo, pero hoy me dicen que mi derecho caducó, aunque no creo que un derecho constitucional prescriba, y menos un derecho humano.

Esta es la trascripción de la Carta Documento que envié en noviembre de 2008 al P.E.N.:

Estimada Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, le solicito respetuosamente que me responda éste reclamo; y no lo envíe a la ANSeS; para tener una respuesta cierta, positiva o negativa, al pedido de reincorporación a la ANSeS, que he realizado por notas al P.E.N. con fecha 31-10-05, 22-8-07, 30-01-08, 14-04-08, y 16-07-08; y que la Dirección de Documentación Presidencial a derivado a la ANSeS, desde donde me contestan que sólo el Ud. puede decidir, y reincorporarme, ya que el Decreto Nº 491 del año 2002 establece que el P.E.N. reasumió el control directo de todas las designaciones, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal…-
Considero legítima mi solicitud de reincorporación; y creo que la solución es política, y no administrativa; ya que he sido perjudicado cuando fui despedido de la ANSeS, sin sumario, por reclamar que se investigue un hecho de corrupción en la ciudad de Posadas, en el año 1992.
No reclamé antes porque, durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, la ANSeS continuó siendo dirigida por los mismos. Políticamente no tenía ninguna posibilidad, los abogados que consulté coincidían en que no existía razón jurídica que me amparara.
Ahora sí existe.
Ahora existe un fallo de la Suprema Corte que avala mi reclamo: dice que corresponde el derecho constitucional a la reincorporación, y al pago de los salarios caídos.
Creo que no sólo desde el derecho constitucional, sino desde lo moral y político es aplicable al caso.
Dice también que no puede ser despedido un empleado estatal sin sumario previo; y a mi me despidieron sin sumario.
Por razones sindicales, políticas, y quizás personales, pero no por mi comportamiento como empleado o mi eficiencia laboral.
Trabajaba en CaSFEC desde 1990 cuando Cavallo, como Ministro del Presidente Menem, la estatizó, y pasó a integrar la ANSeS.
El 15-5-92 una compañera descubre y denuncia un fraude.
El 30-9-92 envío una Carta Documento donde, entre otros reclamos, le solicito a la Gerencia de Prestaciones de Subsidios Familiares, que aclaren las cosas, ya que las autoridades de la ANSeS le daban poca importancia a las acusaciones que se vertían en los medios de comunicación.
El 25-11-92 me notifican de mis vacaciones a partir del 01-12-92.
Fui despedido el 05-12–92 mientras estaba en uso de mis vacaciones.
El 09-12-92 envío una Carta Docto., donde rechazo por arbitraria la modalidad de despedir a quienes reclaman por sus derechos.
El 30-3-96 sale publicado en el diario Clarín que varios funcionarios de la ANSeS son acusados de fraude por $ 300.000.000.
Entre ellos, el Gerente de Prestaciones Familiares, Alfredo Gamietea, y otros, con mucho poder, quienes decidieron mi despido.
Considero que fue por eso que me despidieron.
Hoy ya pasaron muchos años, y toda ésa historia está archivada. Todos los actores de ella quedaron bien parados.
Sólo yo fui perjudicado.
No creo que un derecho constitucional prescriba; si por falta de una Ley que lo reglamente el derecho fue vulnerado, debería ser reparado el daño ahora que existe un fallo que lo ampara, y se puede ver en http://www.rubinzal.com.ar.
Mi reclamo de reincorporación no sólo es por un derecho vulnerado; es reinvindicativo: una reinvindicación laboral, moral, política y social, para que los que luchamos por defender los derechos de todos, y el patrimonio del Estado, seamos premiados y no castigados por ello.
Espero tener la oportunidad de que Ud. se interese por lo que expuse, y poder mostrarle una carpeta donde reseño lo sucedido, junto con la documentación que lo corrobora.
Con mi familia le agradecemos vuestra generosidad y su tiempo.
Mi nombre es Horacio Raúl Nieves, tengo 50 años, soy de Piedra Buena – Santa Cruz. Vivo desde 1990 en Posadas – Misiones. Soy casado y tenemos dos hijas, de 11 y 7 años.
Ruego a Ud. que me responda, y que Dios siga guiando vuestra gestión, para bien de todos.
Le saludo muy atte.-
Horacio Raúl Nieves – DNI Nº 11.222.096
Domicilio: Ch. 33 – Esc. 82 – PB – “C” – Posadas – Misiones – Teléfono: 03752-453671 – Mail: horacionieves@yahoo.com.ar

Esta Carta Docto. derivó, derivó, y terminó en A.N.Se.S.: contestaron como siempre, y que se encuentra todo prescripto.
No dicen que no tengo razón, ni que me despidieron con causa justa, sólo que prescribió.
Quién puede negar que la prioridad del Estado debe ser la lucha contra la corrupción.
Si se achica la corrupción se mejora todo: el Estado, la sociedad, las personas.
Habría menos desempleo.
La asistencia social llegaría a quienes la necesitan.
Las fuerzas de seguridad serían más eficientes.
Las empresas tendrían mayor seguridad jurídica.
Pero en la Argentina luchar contra la corrupción es sinónimo de despido.

Existen más de 1.000.000 de empleados públicos en todo el país, y el mensaje que ellos leen entre líneas, cuando se enteran de casos como el mío, es que no conviene reclamar cuando detectan un posible fraude o un hecho de corrupción.
Ingresa personal al Estado siempre, no existe una veda absoluta.
¿Tan difícil es reconocer que me despidieron injustamente, y rectificar ése error, reincorporándome?

Y tenemos la burocracia de la Casa Rosada, que no deja que la Presidenta se entere, y no tiene quien pueda decidir en casos simples como el mío: desde Documentación Presidencial los derivan hacia otras áreas para “aliviar” la tarea presidencial.
Según la Dra. Maria Cecilia Ragno, quien fue la única que me atendió personalmente y muy atentamente, la función de la Dirección de Documentación Presidencial es social, y por eso derivan hacia otras áreas, y no deciden.
Creo que Documentación Presidencial debe tener también una visión política, y tratar casos como el mío en ése contexto.
Que analicen un poco, que no sólo lean y deriven, que den la respuesta que se solicita; si pido una respuesta política al P.E.N., que no la deriven, que se hagan cargo y decidan, que respondan; si o no, pero sin vueltas.

Si una asociación de consumidores reclama ante la Justicia, como es una acción colectiva, las sentencias o medidas cautelares que se dicten en el juicio favorecen a todos los consumidores que se encuentran en la misma situación.
¿Y si reclama una asociación de jubilados, gremial, de depositantes del corralito, de despedidos del estado sin sumario?
¿Las sentencias les favorecen a todos?

En Clarín, el 20-02-08 : Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema opinó:
“…una de las medidas importantes a tomar sería que las sentencias de la Corte tuvieran efectos para todos…”
“…no es razonable que obliguemos a la gente a hacer miles de juicios iguales. La Corte podría dictar una sentencia y decir: para todos los casos esto es igual.”
“…Pedimos al Congreso y al Ejecutivo que sancionen una ley, un artículo de una ley que permita a la Corte dar efectos colectivos a algunas sentencias.”
“…Sin la ley seguiremos caso por caso…”
“…hay que buscar soluciones prácticas que beneficien a la gente…”
“…la Ley y el Poder Judicial deben ser igual para todos.”
“…Sólo del corralito llegaron doscientas mil causas…”
“…hay que involucrarse para que las cosas cambien. Uno de los grandes dramas de nuestro país ha sido que nos hemos quejado, pero no nos hemos involucrado.”

Yo me involucré, y me fue muy mal.
Por eso considero que la Justicia debería fallar rápido en casos como el mío.
Si el Congreso sancionara una Ley por el corralito, por las jubilaciones, y una ley por los despedidos del Estado sin sumario, se ahorrarían miles de juicios y millones de pesos.
Si se quiere hilar más fino, la ley por los despedidos del Estado podría ser para los despidos sin sumario y sin causa, que generalmente son por razones políticas, sexo, discriminaciones varias, o para tapar actos ilícitos, corruptos.

UN FALLO GARANTIZA LA VIGENCIA DE LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO PUBLICO
En el diario Clarín, el viernes 4 de mayo de 2007, en una nota firmada por Silvana Boschi, decía:
“La Corte ratificó que no se puede despedir sin causa a los estatales.”
“…se los puede echar si existe una falta comprobada mediante un sumario.”
“…se le reconoce el derecho a la reincorporación al puesto de trabajo y el pago de los salarios adeudados.”
“Los jueces de la Corte, por unanimidad, adoptaron esta decisión…”
“El caso “Madorrán María…” “…lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, y Carmen Argibay.”
“…juzgó que la “estabilidad del empleado público” establecida en el art. 14 bis de la Constitución, es la llamada estabilidad propia o absoluta, por ello —de no haber sido despedido por motivos razonables— el empleado tiene derecho a ser reincorporado.”
“…modificó la jurisprudencia que… venía sosteniendo… que la estabilidad… no es un derecho absoluto a la permanencia en la función, sino…a una equitativa indemnización”, por lo que el Estado “podía despedirlos con el pago de una indemnización”
“La Corte sostuvo que el artículo 14 bis de la Constitución protege a los trabajadores contra el despido, y… reconoce… una indemnización. Pero en el caso de los empleados públicos, la Constitución habla además del derecho a la estabilidad, …que significa algo más: la protección de la carrera administrativa y la estabilidad propia, … la necesidad de hacer un sumario previo al despido y, si no es fundado, el derecho del trabajador a la reincorporación con el pago de los salarios que estén pendientes.”
“…se recordó que la Constitución Nacional es una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando está en juego un derecho humano.”
“Agregaron que, si bien los derechos constitucionales pueden ser reglamentados, el llamado a hacerlo no debe alterarlos, lo que significa darles toda la plenitud que le reconozca la Constitución.”
En Clarín, el 02-01-08, sobre los cincuenta años de la sentencia que estableció el amparo, el periodista Pablo Abiad decía:
“…el máximo tribunal del país dejó establecido para siempre que si hay un derecho que está siendo violado, como ahí la libertad de expresión o de trabajo, la Justicia debe intervenir por más que ninguna norma prevea la forma.”
“Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias”, afirmaron los jueces en el histórico fallo. Fue el 27 de diciembre de 1957.
“Desde entonces, la acción de amparo es -debiera ser- la garantía más eficaz para proteger los derechos constitucionales.”
“El Congreso nunca sancionó una norma más moderna. En 1994, el amparo fue incorporado a la Constitución.”
El Dr. Ricardo Lorenzetti, Titular de la Corte Suprema, en Clarín, el 02-01-08, sobre la acción de amparo, opinó:
“…creó la acción de amparo con el fin de salvaguardar los derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional.” “…es un instrumento de protección de los derechos fundamentales…”… significa que los derechos existen para ser efectivos, y no es concebible una ley declarativa, sancionada pensando en que no se va a cumplir. Si la ley se aprueba, debe cumplirse.”
“…abrió las puertas a lo que hoy se denomina “acceso a la Justicia”.” “…las leyes y el Poder Judicial estuvieron a la espera de que los ciudadanos recurran a ellos, pensando que todos están en igualdad de condiciones.” “…no es así, ya que hay muchos grupos de excluidos, por razones de edad, educación, distancia y recursos económicos.”
“Esta es una concepción de la Justicia basada en la igualdad, ya que el servicio de Justicia debe ser igual para el rico o el pobre, el experto o el profano, el hombre o la mujer, el joven o el anciano, para quien vive en el interior o en la Capital.”
Si las Leyes deben ser cumplidas y los derechos existen para ser efectivos, con más razón debe cumplirse con lo que establece la Constitución Nacional, y permitir el acceso a la Justicia en forma rápida y gratuita.
Le saluda muy atte.-

Horacio Raúl Nieves – DNI Nº 11.222.096
Domicilio:   Ch. 33 – Esc. 82 –  “C” – Posadas – Misiones
Claro:  0376 – 4202160      –      Fijo:  0376 – 4453671
Mail:   horacionieves@yahoo.com.ar

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Acerca de oraxio

Nací en Piedra Buena - Santa Cruz - Argentina. Resido en Posadas - Misiones - Argentina. + de 50.
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